Selección por competencias en las instituciones públicas

En estos tiempos de pandemia se ha visto claramente la gran divergencia en competitividad entre los empleados de las administraciones públicas y de la empresa privada, empezando por el funcionario directivo o el responsable político dirigente hasta el último funcionario de la escala. Por supuesto que generalizar nunca es objetivo pero sinceramente las excepciones son más que la regla.

Cuando en una empresa se incorpora un nuevo empleado siempre pasa, o al menos debería pasar, un proceso de selección en mayor o menor medida escrupuloso con pruebas técnicas y de actitudes, competencias, que descartaran al menos apto para el puesto de trabajo, si éste, por supuesto, posee una descripción de puesto de trabajo meticulosamente elaborada. Si el proceso recae en un profesional perfectamente capacitado, el éxito de la selección está asegurado y si fuera necesario, se activaría la cláusula de garantía y se reemplazaría al candidato por otro aspirante más acorde con lo requerido para el puesto.

Todo lo anterior descrito no pasa en la función pública y mucho menos en los cargos políticos. Resultado: en la función pública tenemos a funcionarios que se eternizan en el puesto con un bagaje técnico, de entrada, implacable pero con unas competencias actitudinales que no encajan para nada en lo deseable para dicha función. Ejemplos por doquier los tenemos en lo sucedido con la gestión administrativa de la pandemia.

Lo de los cargos políticos clama al cielo: su incapacidad para la gestión ha sido flagrante. En una empresa privada hubiesen sido despedidos inmediatamente. No me quiero centrar en ninguno en concreto porque desgraciadamente nos sobran ejemplos en la administración política estatal, autonómica y local.

¿Qué proponemos? Pedir que cualquier político que ostente un cargo atesore unas mínimas competencias requeridas ya sabemos que es misión imposible,  por no decir que pedir que su formación se ajuste al cargo ostentado sería lo adecuado, pero que los funcionarios sí deberían pasar el cedazo de una selección por competencias, eso sería lo deseable para no basar exclusivamente la contratación de un funcionario en un concurso de méritos administrativos o físicos, depende de la plaza. Recodemos que los funcionarios tienen el puesto vitalicio.

Me consta que la selección por competencias en algunas instituciones públicas locales se está empezando a implantar. En una localidad de la Conca d’Òdena, por ejemplo, se empezará a seleccionar a cargos funcionariales por competencias y no exclusivamente por méritos.

¿Qué se gana con un proceso de estas características? Sencillamente que la persona seleccionada sea la que encaje mejor por lo requerido para el puesto con la consiguiente mejora en la “competitividad” del área en la que desarrollará su función. Ni más ni menos como en una empresa privada.

Evaluar las competencias anualmente por las cuales han sido seleccionados para el puesto ya sería la perfección del proceso…

Manel Macià Martí

Director en TALENTIA GESTIÓ